¡Continuamos aprendiendo para prepararnos para los exámenes de auxiliar administrativo! Aquí tienes todo los temarios gratis de oposiciones para no complicar el proceso aún más. Vamos a estudiar que derechos y obligaciones tenemos como ciudadanos.

El ciudadano es el sujeto de derechos y obligaciones frente a la Administración pública, participando activamente en el ejercicio de la función administrativa. La posición de los ciudadanos se encuentra protegida por un conjunto de normas jurídicas que aseguran que el poder público respete sus derechos y libertades. El ciudadano debe relacionarse con la Administración para tener derecho de acceso a información (toma de decisiones, reclamar derechos o cumplir obligaciones) y participación en el interés general (desarrollar la comunidad por medio de obligaciones y colaborar en actividades públicas).

Todos los ciudadanos tenemos una serie de obligaciones con la Administración pública: Cumplir las normas legales (tributos, sanciones, etc.), cooperar en actividades de interés público y facilitar la actuación administrativa cuando sea requerida legalmente.

Derechos públicos subjetivos

Son las facultades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos frente a la Administración para proteger sus intereses individuales o colectivos. Permiten reclamar o exigir de la Administración actuaciones concretas, basándose en la ley. Existen diferentes tipos de derechos públicos subjetivos:

• Derechos fundamentales que son reconocidos por la Constitución española como la libertad de expresión, educación, protección de datos personales… y la administracón debe mostrarse respetuosa y ptoreger de manera activa.
• Derechos específicos frente a la Administración: tutela administrativa, ser escuchado por la administración y sobretodo poder acceder a la información requerida.
• Derechos colectivos que defienden intereses comunes.

A la hora de cumplir estos derechos, el estado debe garantizarlos por medio de diversas maneras: control judicial (si se da el caso, el ciudadano puede recurrir a las instituciones para que garanticen sus derechos), principios de actuación administrativa (legalidad, proporcionalidad y no arbitreriedad), mecanismo específicos de protección (diversos recursos: alzada y reposición, contencioso-administrativo y especiales) y por último, la participación ciudadana mediante consultas, audiencias y procesos de reclamación.